El artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas establece que  una de las funciones principales de la Organización es  crear condiciones  de estabilidad y bienestar en el mundo. Es por esta razón que las Naciones Unidas debe específicamente promover: 1) niveles de vida mas elevados , empleo pleno, y condiciones de progreso y desarrollo socioeconómico; 2) soluciones a los problemas internacionales económicos, sociales y de salud y cooperar con la cultura y la educación internacional; y 3) respeto y cumplimiento universal por los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000 estableció los objetivos del milenio en el documento Declaración del Milenio A/RES/55/2 de septiembre del 2000, que proyectan la labor de toda la organización hasta el año 2015. La labor del ILANUD se enmarca en la función de los citados objetivos.

Los problemas de criminalidad y justicia penal tocan muchas de estas áreas. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la responsabilidad principal con respecto a estas cuestiones yace en el Consejo Económico y Social (ECOSOC). Asimismo, en la Secretaría, estos temas constituyen el mandato de la Oficina de Drogas y Criminalidad las Naciones Unidas (UNODC). La política es establecida por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal,  que forma parte del ECOSOC.

La Comisión fue establecida por la Asamblea General en la resolución 46/152 del 18 de diciembre de 1991, como parte de una importante reestructuración del Programa de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal.

Al iniciar su décima sesión, llevada a cabo entre el 6 y 7 de septiembre del 2001, la Comisión tomando en cuenta la Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la Justicia (A/RES/55/59), aprobó la resolución II titulada “Planes de Acción para la Implementación de la Declaración de Viena sobre el Delito y la Justicia: Afrontando los Retos del Siglo XXI (E/2001/30/Rev.1)”, posteriormente adoptada por la Asamblea General, la cual establece temas prioritarios del Programa de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal. El ILANUD adecuó su plan de trabajo en la región a dicha estructura temática. A su vez, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas actualiza cada dos años las estrategias para llevar adelante el programa. La última actualización de la estrategia se encuentra en el documento E/CN.15/2007/5. Otros documentos directrices de importancia son los que cada cinco años aprueban los Congresos Mundiales de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas muchos de los cuales son sancionados luego por la Asamblea General. El más reciente de ellos es la Declaración de Bangkok: sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal.

Con el fin de brindar capacitación, investigación, asistencia técnica y cooperación internacional en estos temas, las Naciones Unidas ha establecido una red de institutos interregionales y regionales. La red incluye un centro de investigación y capacitación global en Turín, Italia (UNICRI, Instituto Interregional de las Naciones Unidas para la Investigación del Delito y la Justicia, institutos regionales en Europa (HEUNI, con sede en Helsinki, Finlandia), Asia y el Pacífico (UNAFEI, con sede en Tokio, Japón), África (UNAFRI, con sede en Kampala, Uganda), y América Latina y el Caribe (ILANUD, en San José, Costa Rica).

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