El diario Los Tiempos señala:
La justicia latinoamericana en tiempos de Covid-19
La pandemia de la Covid-19 origina efectos económicos, sociales y políticos sin precedentes a nivel mundial, al incidir directamente en la administración pública y los órganos del Estado. El sistema judicial no es la excepción, pues la pandemia tiene una enorme repercusión llegando a paralizar los procesos en muchos países.
Donde no hubo esa parálisis es en países que adoptaron los lineamientos interpretativos del derecho interamericano e internacional han sido adoptados. Entre esos lineamientos están la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (8/87 del 30 de enero); Resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1/2020 del 1 de abril); Informe emitido por La Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet, Ginebra (6 de marzo de 2020). Todos ellos denotan la necesidad de modular, en tiempos de crisis, un sistema judicial que funcionalmente tutele algunos derechos fundamentales (Art. 27.2, 7.6 y 25.1 del Pacto de San José de Costa Rica), como la vida e integridad (de los justiciables y los funcionarios) y derechos fundamentales como la libertad, y sus garantías que aseguran el cumplimiento de tales derechos, como la tutela judicial y efectiva, entre otros; instrumentos con fuerza vinculante, moral y jurídica que tienen como objeto y fin el respeto a los derechos humanos, generando que tan solo se instituya el desarrollo de algunas audiencias mediante la promoción virtual (común en todos los modelos) que respondan a estos criterios, incluyendo además, dentro de esta excepcionalidad, los procesos donde se pide el tutelaje de bienes jurídicos de aquellas víctimas vulnerables (mujer, niñez, tercera edad, etc.). (Olvis Egüez Oliva, 2020, ¶ 1=2)
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