En el marco de la Reunión de Alto Nivel de 2016 para poner fin al SIDA, por celebrarse en la Asamblea General de Naciones Unidas del 08 al 10 de junio, surgió por parte de tres expertos en materia de derechos humanos, el hacer un llamado a los Estados miembros ante la eliminación de aquellas prácticas punitivas y de encarcelamiento que incentiven la violación de los derechos humanos mediante la restricción a los servicios de salud, medicamentos, información y realización de pruebas médicas obligatorias para diagnosticar esta enfermedad.
Desde el Alto Nivel se considera que la prevención de la propagación del VIH- SIDA, así como la efectiva atención que demandan las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad ante un posible contagio, requieren de programas informativos para “[…] superar las barreras que impiden la implementación efectiva de respuestas al VIH.”
Tales consideraciones son parte de las recomendaciones que los expertos de Naciones Unidas presentan entre las líneas de acción estratégica que orientarán la intervención de los Estados miembros durante los próximos cinco años, dado que se apuesta por alcanzar metas relacionadas con acabar las prácticas de discriminación que sufren poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como las personas privadas de libertad y la violación a sus garantías individuales en relación con esta enfermedad.