El Programa consiste en el diseño, organización y ejecución de un curso regional de capacitación de diez dÃas de duración sobre el Sistema de Justicia Penal en América Latina, durante un perÃodo de tres años (2005-2007), conjuntamente y en estrecha colaboración con el Instituto de Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente en Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente-UNAFEI- , la Agencia de Cooperación Internacional de Japón -JICA- y el Gobierno de Costa Rica para propiciar el análisis y la discusión de las reformas procesales al sistema de justicia penal y el creciente papel que les ha sido asignado a los defensores públicos y a los fiscales de conformidad con el debido proceso, la identificación y discusión de los principales problemas y retos que éstos deben enfrentar y el intercambio de información sobre las mejores prácticas en el nivel regional e internacional (incluidas las de Japón), y promover la discusión y adopción de medidas prácticas y efectivas sostenibles en el tiempo, entre funcionarios de la defensa pública y del ministerio público esenciales para generar legitimación pública para el sistema de justicia penal y mejorar las normas básicas de convivencia democrática en el largo plazo y la realización de una misión de asistencia técnica a tres de los paÃses participantes.
Desde 1998, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente -ILANUD- ha venido colaborando estrechamente con el Instituto de Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente en Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente -UNAFEI-, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y con el Gobierno de Costa Rica en la ejecución de un Programa de Capacitación Terceros PaÃses en su ámbito de acción: prevención del delito y justicia penal. Desde esa fecha, JICA, el Gobierno de Costa Rica , UNAFEI e ILANUD han completado exitosamente tres ciclos de cinco años cada uno del Programa de Capacitación Terceros PaÃses. Los primeros dos ciclos comprendieron diez cursos internacionales dirigidos al tema del mejoramiento de la administración de justicia penal y adopción de medidas efectivas para combatir delitos de drogas. Los primeros cinco seminarios, efectuados entre 1988 y 1992, se centraron en el control de la producción, el tráfico y el abuso de drogas, incluido el lavado de fondos provenientes de estas actividades ilÃcitas. Los siguientes cinco seminarios, efectuados entre 1993 y 1997, estuvieron centrados en la prevención de delitos de drogas y la re-educación de los delincuentes por delitos relacionados con el consumo de estas sustancias.
Como resultado de las necesidades detectadas en la región se decidió continuar con el Programa de Capacitación por un ciclo adicional de cinco años (1999-2003) pero dirigiendo este esfuerzo al problema del hacinamiento carcelario, las condiciones de vida en prisión y sus programas. Las conclusiones y recomendaciones adoptadas por los participantes que asistieron a los últimos cinco seminarios incluyeron la necesidad de continuar con un ciclo adicional de seminarios centrados en el tema de las reformas procesales a la administración de justicia penal que actualmente se desarrollan en los paÃses de la región con especial énfasis en la transformación de los sistemas inquisitivos a sistemas acusatorios y los nuevos roles que le han sido asignados a los jueces, a los fiscales, a los defensores públicos y a los policÃas responsables de la investigación criminal.
Con el propósito de definir los contenidos de los seminarios de un nuevo ciclo del Programa de Capacitación en Terceros PaÃses y su duración en agosto de 2004, una Misión Técnica integrada por oficiales de JICA/Japón y UNAFEI/Japón visitó varios paÃses de la región que finalizó con una reunión de evaluación con oficiales del Gobierno de Costa Rica y de ILANUD para acordar los términos de la cooperación conjunta para la ejecución de este nuevo ciclo de cursos de tres años de duración (2005-2007) y definir los alcances y cobertura del Programa. Como resultado de las discusiones sostenidas entre las partes, en febrero del 2005, se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica (Reporte de las Discusiones) entre las autoridades de JICA, el Gobierno de Costa Rica, UNAFEI e ILANUD para iniciar este nuevo ciclo del Programa.
Estudios empÃricos comparados realizados por ILANUD han evidenciado efectivamente el hecho de que, en muchos paÃses de la región, a pesar de los avances logrados con las reformas necesarias en el sistema de justicia penal en procura de su eficiencia y eficacia, la puesta en ejecución de las reformas (al pasar de un sistema inquisitivo a un sistema más adversarial), éstas no lograron totalmente su objetivo. En julio del 2002, durante el cuarto seminario regional sobre Programas de Reinserción Social de las Personas Privadas de Libertad, organizado y conducido por ILANUD, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y con la valiosa y estrecha colaboración de expertos del Instituto de Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente en Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (UNAFEI) con sede en Tokio, Japón, que contó con la participación de autoridades judiciales y penitenciarias de los distintos paÃses de América Latina que asistieron, se adoptaron dos conclusiones que requieren, en el criterio de los participantes y del ILANUD mismo, una atención inmediata:
1. Por una parte, es claro que como resultado del análisis y la discusión de los temas bordados durante los últimos seminarios efectuados dentro del Programa de Capacitación en Terceros PaÃses de JICA, la inexistencia o de debilidad de los programas y servicios de defensa legal gratuita, ha impedido e impide cumplir efectivamente con las garantÃas del debido proceso y con otras salvaguardas legales para aquellas personas que carecen de recursos financieros para llevar adelante su defensa y deben, por esa razón, enfrentar procesos penales sin el beneficio de una representación legal. Como resultado de ello, miles de personas son sometidas a detención provisional sin una asesorÃa jurÃdica , impidiendo la utilización del uso de medidas alternativas a la prisión, aumentando el número que potencialmente son detenidas en forma ilegal y aumentando el número de personas privadas de libertad con el consiguiente hacinamiento en los centros de detención policial y las prisiones.
2. Por otra parte, existe la urgente necesidad de fortalecer el papel de los defensores públicos en la ejecución de la sentencia, cumpliendo con las garantÃas básicas que lo deben beneficiar. Estos factores han llevado a un aumento vertiginoso en la población carcelaria en los paÃses de la región, que ha contribuido al problema de la sobrepoblación carcelaria. Los participantes convinieron que todavÃa falta mucho por hacer para mejorar el acceso a la justicia penal y para enfrentar la falta de efectividad de las reformas, lo cual, se ha tornado en un tema de atención en la región asà como su importancia para la promoción de los derechos humanos y del Estado de derecho y la promoción de la seguridad social.
La necesidad del análisis y estudio que se propone respecto a la Defensa y al Ministerio Público surge porque las reformas procesales a la administración de justicia penal que actualmente se desarrollan en los paÃses de la región están orientadas a la elección del sistema acusatorio y siendo éste un proceso de partes , los fiscales y los defensores públicos deben constituirse en los actores protagonistas del nuevo sistema. Si se analiza la actuación e intervención del Ministerio Público en las distintas fases del proceso penal se puede evidenciar que éste no ejerce adecuadamente las atribuciones que le han sido conferidas a partir de las reformas cuales son promover la acción de la justicia, defender la legalidad y los intereses del Estado y de la sociedad, convirtiéndose en un agente estratégico en la transformación del sistema de justicia penal. Las reformas han planteado al Ministerio Público numerosas interrogantes respecto a sus funciones, ubicación institucional, independencia, relaciones con la policÃa técnica judicial, la asignación de la instrucción preparatoria las facultades discrecionales que podrÃa o no tener para decidir sobre el ejercicio de la acción penal y su organización y clarificar sus perspectivas institucionales en el proceso de reforma.
Es por ello que, en respuesta a estos problemas que necesitan ser atendidos, los funcionarios del sistema de justicia penal en el nivel decisorio han reconocido cada vez más como una prioridad la realización de un programa de capacitación en el mediano plazo para fortalecer el sistema de justicia penal y las instituciones vinculadas a éste (v.g. Oficina de la Defensa Pública y del Ministerio Público) y con ese propósito las experiencias e iniciativas llevadas a cabo en los distintos paÃses de la región y fuera de ella (caso de Japón) deberÃan ser compiladas para un análisis regional comparativo y compartido entre sus funcionarios (defensores públicos y fiscales).
