Sede de las Oficinas del ILANUD en el Primer Circuito Judicial. San José, Costa Rica
Antecedentes del ILANUD
El artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas establece que una de las funciones principales de la ONU es crear condiciones de estabilidad y bienestar en el mundo. Es por esta razón que las Naciones Unidas debe promover: 1) niveles de vida más elevados, empleo pleno, y condiciones de progreso y desarrollo socioeconómico; 2) soluciones a los problemas internacionales económicos, sociales y de salud y cooperar con la cultura y la educación internacional; y 3) respeto y cumplimiento universal por los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000 estableció los objetivos del milenio en el documento Declaración del Milenio A/RES/55/2 de septiembre del 2000, que proyectan la labor de toda la organización hasta el año 2015. La labor del ILANUD se enmarca en la función de los citados objetivos.
Los problemas de criminalidad y justicia penal tocan muchas de estas áreas. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la responsabilidad principal con respecto a estas cuestiones yace en el Consejo Económico y Social (ECOSOC). Asimismo, en la Secretaría, estos temas constituyen el mandato de la Oficina de Drogas y Criminalidad las Naciones Unidas (UNODC). La política es establecida por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que forma parte del ECOSOC.
La Comisión fue establecida por la Asamblea General en la resolución 46/152 del 18 de diciembre de 1991, como parte de una importante reestructuración del Programa de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal.
Al iniciar su décima sesión, llevada a cabo entre el 6 y 7 de septiembre del 2001, la Comisión tomando en cuenta la Declaración de Viena sobre la Delincuencia y la Justicia (A/RES/55/59), aprobó la resolución II titulada “Planes de Acción para la Implementación de la Declaración de Viena sobre el Delito y la Justicia: Afrontando los Retos del Siglo XXI (E/2001/30/Rev.1)”, posteriormente adoptada por la Asamblea General, la cual establece temas prioritarios del Programa de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal.
El ILANUD adecuó su plan de trabajo en la región a dicha estructura temática. A su vez, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas actualiza cada dos años las estrategias para llevar adelante el programa.
Otros documentos directrices de importancia son los que cada cinco años aprueban los Congresos Mundiales de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas muchos de los cuales son sancionados luego por la Asamblea General.
Con el fin de brindar capacitación, investigación, asistencia técnica y cooperación internacional en estos temas, las Naciones Unidas ha establecido una red de institutos interregionales y regionales. La red está conformada por la División de Tratados de la Oficina de Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito, el Centro de Investigación y Capacitación Global en Turín, Italia (UNICRI) , institutos regionales en Europa (HEUNI, con sede en Helsinki, Finlandia), Asia y el Pacífico (UNAFEI con sede en Tokio, Japón), África (UNAFRI, con sede en Kampala, Uganda), y América Latina y el Caribe (ILANUD, en San José, Costa Rica).
Constitución de ILANUD
El ILANUD fue establecido en la ciudad de Nueva York, mediante acuerdo suscrito el 11 de julio de 1975 entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de la República de Costa Rica.
El mismo fue autorizado por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (Resoluciones 7311-FXXVII y 1584-L) y aprobado por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, mediante la Ley No.6135 del 18 de noviembre de 1977.
El acuerdo constitutivo de ILANUD insta a los gobiernos de los países de la región a que participen y apoyen las actividades del Instituto, las cuales se concretan por medio de acuerdos bilaterales y de cooperación.
Hasta la fecha el ILANUD ha firmado acuerdos de cooperación con los siguientes gobiernos: Argentina (1989), Bolivia (1990), Brasil (1989), Costa Rica (1975), Colombia (1988), Cuba (1989), Ecuador (1988), España (1988), Guatemala (1988), Honduras (1986), Jamaica (1997), México (1986), Nicaragua (1993), Panamá (1991), Perú (1985), Uruguay (1989) y Venezuela (2006).
Objetivo general del ILANUD
El Acuerdo de creación del ILANUD establece en su artículo primero inciso 2 que el objetivo principal del Instituto es colaborar con los gobiernos en el desarrollo económico y social equilibrado de los países de América Latina y el Caribe, mediante la formulación e incorporación en los planes nacionales de desarrollo, de políticas e instrumentos de acción adecuados en el área de la prevención del delito y la justicia penal. Para alcanzar su objetivo principal, el ILANUD lleva a cabo una serie de actividades. Las más importantes son: Capacitación a través de seminarios, cursos, talleres, y reuniones de expertos, sobre los temas de prevención del delito y justicia penal que sean relevantes para los gobiernos de la región; Investigación criminológica y de los sistemas de justicia penal; Provisión de asistencia técnica; Recolección y difusión de información en temas de su competencia. ILANUD lleva a cabo sus principales funciones a través de programas y proyectos, los cuales incluyen, en cada caso, actividades de investigación, capacitación, asistencia técnica y difusión de información.
Los objetivos estratégicos del ILANUD son:
• Organizar programas de capacitación para los encargados de elaborar las políticas, los planificadores, los administradores y el personal técnico especializado en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente, incluyendo estudios teóricos y prácticos; desarrollar cursos y seminarios sobre temas especiales (incluidos los métodos y técnicas de investigación y planificación), para personal de diferentes categorías.
• Facilitar el intercambio de conocimientos técnicos y experiencias entre el personal de diferentes países de la región; y promover la preparación de materiales de formación y manuales.
• Recoger y difundir información, así como realizar investigaciones sistemáticas, multidisciplinarias y de carácter práctico, sobre las tendencias del delito en la región y los factores con ellas relacionados (con especial atención a los problemas nuevos y especiales, como la violencia, el uso indebido de estupefacientes, la corrupción, etc.) los costos económicos y sociales del delito y sus consecuencias para el desarrollo y la planificación; las necesidades y prioridades de acción en relación con el delito en los planos regional y subregional; las políticas y métodos convenientes de prevención del delito y lucha contra la delincuencia y las estrategias y programas globales de prevención del delito y justicia penal, a la luz de las condiciones prevalecientes en la región y en el contexto de la planificación socioeconómica nacional.
• Promover la adopción y aplicación por los gobiernos de normas, directrices y procedimientos que hayan recomendado las Naciones Unidas; promover un planteamiento integral de los problemas del delito y la justicia penal, vinculado con la planificación nacional general; contribuir a preparar, adaptar y poner en práctica políticas y programas eficaces para la prevención del delito y la justicia penal en la región, de conformidad con un plan internacional de acción y con otras recomendaciones de las Naciones Unidas en este sector.
• Contribuir al desarrollo y la aplicación de las políticas y programas de las Naciones Unidas para la prevención del delito y la justicia penal, en el plano regional.
• A petición de los gobiernos de la región, proporcionar servicios de asesoramiento y asistencia técnica que pueda requerirse.
• Promover la colaboración entre los países de la región en materia de prevención del delito y lucha contra la delincuencia, con miras al desarrollo de políticas comunes y a la iniciación de acciones conjuntas sobre cuestiones de interés mutuo.
• Promover la colaboración entre los países de la región en materia de prevención del delito y lucha contra la delincuencia, con miras al desarrollo de políticas comunes y a la iniciación de acciones conjuntas sobre cuestiones de interés mutuo.